Regreso de los inmigrantes rumanos

El Ejecutivo español está adoptando una serie de medidas para facilitar el retorno de aquellos emigrantes que llegaron a nuestro país en busca de trabajo. La situación actual tan complicada en la que estamos inmersos ha provocado que muchos de ellos se encuentren sin empleo, planteándose la posibilidad de retornar a su país de origen.

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luismipalacios
martes, 5 mayo, 2009

Hasta ahora, las ayudas estatales estaban enfocadas al retorno de los ciudadanos naturales de Sudamérica, facilitándoles la posibilidad de recibir de una sola vez todas las mensualidades de paro a las que tuvieran derecho. Aprovechando el viaje de Celestino Corbacho a Rumanía, el país europea ha comunicado que está "muy interesado" en que vuelvan sus trabajadores, ya que en los últimos años el Gobierno de dicho país ha tenido que utilizar mano de obra china. Corbacho ha declarado que hablarán con las autoridades rumanas por si se pueden gestionar ayudas para el retorno y se puede subvencionar entre ambos países. De hecho, el Ejecutivo de Bucarest calcula que a medio y corto plazo necesitará un millón de trabajadores para compensar la pérdida de población activa derivada de la emigración. Hay que tener presente que los ciudadanos rumanos no se pueden acoger al plan de retorno voluntario, que está destinado a ciudadanos de fuera de la UE. Sin embargo, los rumanos que regresen a su país se encontrarán con que, en abril de este año, el salario medio en Rumanía es de 321 euros y el salario mínimo es de 137 euros, unas cifras muy bajas de las que se tienen en España. El desempleo en Rumanía tuvo una tasa en el cuarto trimestre de 2008 del 5,8%. En la actualidad, 41.329 demandantes de empleo en España de rumanos se benefician de prestaciones por desempleo, lo que supone el 58,3% de los parados de esa nacionalidad. En la actualidad, los rumanos no pueden acogerse al Plan de Incentivo al Retorno Voluntario en vigor, porque su condición de ciudadanos europeos y la libertad de movimiento por el Espacio Schengen que de ello se deriva es incompatible con el requisito de no regresar a España en al menos cinco años que impone el decreto de retorno para quienes reciban la prestación.

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