Es un organismo público de ámbito nacional el cual tiene un órgano rector. Funciona a través de delegaciones en las diferentes Comunidades Autónomas y vive de las aportaciones de los empresarios por cada trabajador que contrata, y estas cotizaciones (que solo paga el empresario sobre el salario de cada trabajador) son del 0,2% sobre el salario del trabajador.
Es el organismo al que recurren los trabajadores despedidos y que no han podido ser indemnizados por la empresa por no tener solvencia económica o encontrarse en un concurso de acreedores. Este organismo desembolsó 374,9 millones de euros en la primera mitad del año, un 86,1% más que durante el mismo periodo de 2008…
Por comunidades, las cifras son las siguientes: Cataluña registró el mayor volumen de los pagos, con 70,5 millones, seguida de Comunidad Valenciana (59,8 millones), País Vasco (40,3 millones), Madrid (34,4 millones), Andalucía (28,1 millones) y Castilla La Mancha (24,9 millones). Estas seis regiones consumieron el 69% del total abonado.
A continuación, se situaron Baleares (22,2 millones), Castilla-León (21,1 millones), Galicia (15,7 millones), Aragón (12,7 millones) y Murcia (12,5 millones). Completan la lista, Navarra (8 millones), Canarias (7,8 millones), Asturias (5,7 millones), Extremadura (3,6 millones), La Rioja (3,4 millones), Cantabria (3,2 millones) y Ceuta y Melilla (0,2 millones).
Los datos de Fogasa radiografían con bastante exactitud la situación de los diferentes sectores de la economía española. La mayor parte de los despedidos que recibieron prestaciones durante el primer semestre de 2009 estaban empleados en el sector servicios (43,8%), por delante de la industria (34,1%), la construcción (25,3%) y el sector agrario (1,6%).
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