Las medidas del Gobierno para acabar con el despilfarro público

El Gobierno que preside Mariano Rajoy parece que se ha propuesto como uno de sus objetivos principales para esta legislatura acabar con el despilfarro público, con la finalidad de comenzar a reducir el déficit público. Así se ha vuelto a poner de manifiesto en la comparecencia de la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en Comisión en el Congreso de los Diputados, y en la que ha ido desgranando cuáles serán las medidas que tomará el Gobierno.

Soraya Sáenz de Santamaría (Imagen Efe)
Soraya Sáenz de Santamaría (Imagen Efe)

En primer lugar, ha señalado que el Ejecutivo encargará una completa auditoría de las cuentas de RTVE, con la intención de conocer la situación real de las cuentas del ente público y, del mismo modo, saber en qué puntos y partidas se puede ahorrar. Del mismo modo, se tomará la decisión de eliminar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), ya que se considera innecesario y genera un importante coste. También ha informado de la reunión que tendrá lugar mañana con los miembros del Consejo de RTVE con el fin de analizar el ajuste presupuestario de 200 millones de euros que aprobó el Gobierno en el consejo de ministros.

Tal y como ha ido anunciando distintos miembros del Ejectuvo, la vicepresidenta y ministra de la Presidencia ha confirmado que se pondrá en marcha una reforma del Código Penal que establezca como delito «las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos, que no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que genera consecuencias a quién malgasta». Para valorar si hay delito se tendrá en cuenta «criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia».

En cuanto a las políticas de austeridad instauradas por el nuevo Gobierno, Soraya ha señalado que han permitido un ahorro en gastos de personal de 4,4 millones de euros, eliminando para ello prácticamente un 20% de los altos cargos. Además, ha anunciado tres nuevas medidas que van encaminadas en la misma dirección: recorte de número de organismos, la fijación de «criterios de homologación de las retribuciones» de directivos y consejeros y la reducción del número de miembros de los Consejos de Administración.

Medidas necesarias, ya que si se está pidiendo un esfuerzo importante a los ciudadanos, lo mínimo que podemos esperar es que los cargos públicos sean los primeros en dar ejemplo y realizar un esfuerzo ante la crisis. Y es que el ahorro se entiende como fundamental si queremos salir de la situación tan delicada que vivimos, y más ahora que conocemos las nefastas previsiones que ha ofrecido para nuestro país el FMI.

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