Entre los costes empresariales, el despido destaca por la distancia de gasto que mantiene con los diferentes miembros de la UE. La indemnización por despido objetivo (si hay justificación) se sitúa, actualmente, en 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades; y por despido disciplinario la remuneración alcanza los 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades.
Estas pautas de despido son unas de las más duras económicamente de toda la Unión. La diferencia es tal que el coste de la indemnización por despido en España es seis veces más cara que en países como Dinamarca o incluso Irlanda. Las múltiples propuestas no solicitan simplemente el abaratamiento del despido, sino que van más allá. Todos coinciden en que el coste es desproporcionado, pero también apuntan a que el problema es la alta temporalidad del mercado.
Sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha puesto una venda en los ojos. ZP señaló que el mercado laboral sí que tiene flexibilidad y se puede comprobar por la rápida destrucción de empleo. Sin embargo, tal y como afirma la OCDE, España dispone de una gran dualidad en su sistema. La mitad del mismo, que corresponde a contratos temporales, cuya indemnización es de ocho días de salario por año trabajado, es totalmente flexible, mientras que la otra mitad, compuesta de contratos fijos, está blindada con 45 días por año trabajado y resulta inamovible.
El resultado es que los jóvenes, mujeres, y sobre todo los estudiantes que han finalizado sus carreras, se encuentran en una situación marginal y actualmente copan las listas del paro. De hecho, la tasa de paro en los jóvenes es la más alta de toda Europa, situándose en el 35,7%.
