La situación crítica de la economía española ha obligado al Gobierno a realizar el mayor ajuste de las cuentas en democracia. Y es que el Gobierno actual ha heredado del anterior un 8,51% del déficit, lo que obliga a reducirlo un 3,2% este año. Se ha aprobado un segundo bloque de medidas fiscales que se unen a las aprobadas a finales del año pasado, cuando se estableció subidas del IRPF y el IBI, y se ajustó el gasto inicial en 8.900 millones de euros. Se busca conseguir, tal y como ha indicado el Gobierno, un "ajuste drástico" en las cuentas de los ministerios. Se quiere arreglar el desfase de gasto de 90.000 millones de euros que tuvo lugar el año pasado y que provocó que el déficit se elevará más de dos puntos y medio por encima de lo que había señalado el Ejecutivo presidido por aquel entonces por Rodríguez Zapatero.
La vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Mont0ro, han señalado que la austeridad será la seña de identidad de estos Presupuestos. La situación límite exige esfuerzos y reformas para ajustar el déficit y lograr que se revierta la situación actual y la economía vuelva a crecer.
Entre las medidas aprobadas en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado se encuentra también la congelación del sueldo de los funcionarios. Sin embargo, el gobierno ha querido ser justo con los ciudadanos que no son los culpables de la situación actual, y es por ello que se mantienen las prestaciones por desempleo (a pesar de las voces interesadas provenientes de oposición y sindicatos que señalaban que se reducirían o eliminarían) y también las ayudas a estudiantes mediante becas y el resto del gasto social, como es el caso del mantenimiento de la actualización de las pensiones. Medidas que demuestran que el Gobierno quiere que el esfuerzo que vamos a tener que hacer todos no recaiga sólo sobre los trabajadores y ciudadanos.
El Gobierno ha anunciado que tampoco sube el IVA, ya que no se quiere limitar aún más el consumo. Sin embargo, sí que se incrementa el Impuesto de Sociedades, sobre todo para las grandes empresas. También se ajustarán las tasas judiciales, con la intención de limitar también el abuso de los recursos y evitar la saturación que sufren los juzgados. El importe de estas tasas se incrementa entre 50 y 750 euros. Esta medida supondrá unos ingresos para el Estado de unos 300 millones de euros. Por su parte, la subida de impuestos supondrá un aporte a las cuentas públicas de 12.314 millones de euros.
Por último, y con la intención de obtener nuevas vías de ingreso, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha informado de la subida del 7,1% en la factura de la luz y de un 5% del gas. Ambas entrarán en vigor a partir del próximo domingo.
En definitiva, a pesar de las voces pesimistas, los Presupuestos son realistas con la situación actual, pero, al mismo tiempo, son bastante justos y equitativos en los esfuerzos.
