La nueva reforma financiera establece también que el global de la banca tendrá que provisionar otros 50.000 millones de euros por los activos de riesgo, es decir, por los activos inmobiliarios problemáticos y aquellos que aún no se han deteriorado. De esta cantidad, alrededor de 25.000 millones de euros estarán destinados a provisiones específicas y otros 15.000 millones a crear un colchón de capital del 20% del valor del suelo y del 15% del de las promociones. Por otro lado, las entidades financieras dispondrán de cuatro meses para presentar sus planes de fusión. El Gobierno pretende que se creen entidades solventes que puedan cumplir con las exigencias marcadas con la nueva reforma. Además, se amplia en un año el plazo para cumplir con los objetivos de saneamiento establecidos por el Gobierno. También se ha aprobado una nueva línea ICO por valor de 10.000 millones de euros, ampliables a 15.000, para las comunidades autónomas. De este modo, se pretende que las comunidades puedan hacer frente a los pagos que adeudan a sus proveedores. Por último, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado la intención de que a través de esta reforma del sistema financiero español se busca que los ciudadanos tengan acceso a viviendas más económicas y más facilidades para obtener créditos.
El Gobierno ha aprobado la reforma financiera que tendrá como principal objetivo el fortalecimiento del sector bancario y su credibilidad. El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros establece un plan de saneamiento del sector financiero y una serie de medidas de simplificación de los órganos rectores de las cajas de ahorro, incluyendo (una de las medidas que más se estaban demandando) la limitación del sueldo de los altos responsables de entidades que han recibido ayuda pública. Así, los salarios de los presidentes y consejeros delegados de las entidades que han recibido asistencia financiera a través de préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como son BFA-Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja España, no podrán cobrar más de 600.000 euros. En el caso de los altos directivos de las entidades intervenidas, no podrán percibir más de 300.000 euros al año. En este grupo se situarían Banco de Valencia, Catalunya Caixa, Unnim y Novagalicia. En ambos casos, quedará suspendido también el pago de remuneración variable para el personal de alta dirección. Por último, los consejeros de estas entidades financieras no podrán cobrar más de 50.000 euros.
