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Mañana es uno de esos días que pueden marcar el futuro inmediato del global de la economía español, y de la Presidencia de Mariano Rajoy en concreto. El Presidente del Gobierno seguramente anuncié mañana en la Cámara Baja nuevas reformas. Desde Bruselas se ha exigido un listado de nuevas reformas, a cambio de obtener los 100.000 millones necesarios para el rescate financiero a la banca española.


Loa socios de la Eurozona exigen un completo plan de reformas, un plan de modernización de la estructura económica del país y que las cuentas públicas estén completamente controladas desde Bruselas. Es decir, si había dudas sobre quién dirige la política económica de nuestro país, esta nueva exigencia las disipa de un plumazo.

Si se cumplen con estas exigencias, se permitirá incrementar del objetivo de déficit previsto para este año hasta el 6,3% en vez de un 5,3%. Siempre según la UE, estas reformas permitirán también que los acreedores tuvieran más garantías de cobrar sus deudas y se podrá controlar mejor el gasto público.

La Comisión Europea y el Ecofin se encargarán de vigilar que el Gobierno español adopte las medidas necesarios en los plazos acordados.

Las sugerencias realizadas por el Ecofin para España son en la práctica un programa de gobierno que el Ejecutivo español tendrá que llevar a la práctica si quiere recibir la ayuda desde Bruselas.

Las ayudas se podrían dividir en seis grandes bloques:

Pensiones:

  • Se podrían congelar la paga de los jubilados para el próximo año.
  • Se deberá alargar la vida laboral en línea con la esperanza de vida.
  • Habrá que mejorar las condiciones de trabajo y facilitar la reincorporación de los empleados de más edad.

Impuestos:

  • Para conseguir una mejora de la eficiencia del sistema fiscal se debe incrementar el porcentaje de impuestos indirectos.
  • En concreto, se señala que se puede ampliar la base del IVA, revisar las exenciones y los tipos reducidos.
  • Se acabará con la deducción por vivienda en el IRPF

Banca:

  • Llevar a cabo una completa reforma del sistema financiero que asegure su viabilidad.
  • Puede ser necesario un mayor aporte de capital a la banca, teniendo en cuenta su frágil situación.

Reforma Laboral:

  • Los efectos reales de la reforma laboral que aprobó el Gobierno deberán ser controlados, sobre todo en los puntos relativos a la evolución de los salarios y la reducción de la segmentación.
  • Hay que realizar una revisión de las políticas activas de empleo. Esto se traduce en cambios en la prestación por desempleo y en los sistemas de formación para parados.
  • Se debe crear de forma inmediata un plan de acción contra el empleo juvenil (recordemos que la tasa de paro entre los más jóvenes supera ya el 50%), incluyendo contratos de aprendizaje y formación.

Liberalizaciones:

  • Se deben reformar los servicios profesionales en España, que hasta ahora permanecen protegidos de la competencia. De este modo, se podrá incrementar el PIB potencial, al poder dedicar más recursos a otros sectores de la economía.
  • Eliminar barreras existentes para algunas profesiones como ingenieros, notarios, agentes de la propiedad o representantes legales.
  • España es el país de la UE que más tiempo requiere obtener una licencia profesional. La falta de coordinación entre administraciones ha provocado una proliferación de regulaciones, con el consiguiente retraso en las concesiones de las licencias.
  • Hay que facilitar las exportaciones.
  • España tiene un verdadero reto en el sector de la energía, que impide el funcionamiento correcto de los mercados de productos y servicios.

Consolidación fiscal:

  • Además de realizar las reformas, España deberá realizar un esfuerzo fiscal equivalente al 1,5% del PIB en 2012 y 2013.
  • España tendrá que aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con máxima atención a la transparencia y al control del presupuesto.
  • Crear una institución fiscal independiente que provea de análisis, asesoramiento y control sobre la política fiscal.
  • Realizar reformas en el sector público que permitan mejorar la eficiencia y calidad del gasto público en todos los niveles del Gobierno.

 

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