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Hace unos días el Fondo Monetario Internacional y Bruselas recomendaban a España nuevas medidas como el recorte de los sueldos de los funcionarios, aumentar el IVA e impuestos especiales de forma temporal, eliminar la deducción de compra de vivienda y acelere las privatizaciones. De otro modo, será imposible que el Ejecutivo pueda cumplir con los objetivos de déficit público fijados por el Gobierno y Bruselas.


Pues bien, si ayer mismo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisaba de que de forma inmediata se iban a aprobar nuevas medidas económicas “difíciles”, hoy ha sido la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, la que ha señalado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está valorando la posibilidad de eliminar la desgravación por vivienda.

Una vez más, queda claro que, dada la situación de la economía española, el Gobierno español se encuentra atado de manos y tiene poca libertad a la hora de tomar decisiones económicas y de emprender reformas, ya que esta desgravación por compra de vivienda habitual la había recuperado al poco de acceder al poder. Incluso la ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguraba hace dos semanas que el Gobierno no tenía intención de eliminar los incentivos fiscales a la compra de vivienda.

Pero aún hay más, ya que Currás ha señalado que cabe la posibilidad también de instaurar el céntimo verde, una tasa adicional sobre los hidrocarburos.

Teniendo en cuenta estos datos, aunque ha señalado que la posibilidad de subir el IVA “no está decidido”, no debería tardar mucho la consiguiente subida de los tipos de IVA. De hecho, ayer mismo Hacienda informaba de que estaba estudiando la posibilidad de ampliar las bases imponibles del tributo, con el objetivo de no subir el IVA. De este modo, algunos productos que actualmente se gravan al IVA superreducido (4%) o reducido (8%) podrían pasar al tipo general del 18%, y así conseguir una mayor recaudación de este tributo. Este misma idea se podría trasladar a otro impuestos, ensanchando sus bases imponibles.

Aunque el Gobierno señale que “la decisión corresponde en última instancia al Gobierno, al momento, a la evolución macroeconómica y a las necesidades”, la realidad es que el FMI y Bruselas están apremiando al Ejecutivo para que se pueda reducir el déficit hasta el 3% fijado para el 2013.

Lo malo es que a estas recomendaciones (o exigencias, según se quiera ver) de Bruselas le siguen otras como la edad de jubilación, las ecotasas y hasta subidas en el recibo del agua. En todo caso, medidas muy duras para los ciudadanos.

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