Comentarios: 1

Cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio a conocer los Presupuestos Generales del Estado ya avisó que las medidas aprobadas serían duras, que no gustarían a nadie pero, al mismo tiempo, señaló que eran necesarias para alcanzar el compromiso del 5,3% del déficit acordado por el Gobierno y la Unión Europea. Desde el Gobierno también han querido señalar que estas medidas son la única respuesta posible ante el desastre económico dejado por el anterior Ejecutivo, con un 8,51% de déficit, en lugar del 6% previsto por el anterior Gobierno socialista.


Desde que el PP hizo este anuncio, se inició una guerra de declaraciones entre representantes de ambos partidos. El PSOE las últimas semanas ha acusado de engañar y manipular estas cifras para justificar los Presupuestos y las duras reformas. Sin embargo, Eurostat ha confirmado esta semana que, en efecto, el déficit alcanza el 8,51%, por lo que los socialistas han quedado en muy mal lugar. El organismo europeo, así como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) confirman en sus análisis que el Gobierno socialista, y más concretamente la ex ministra de Economía Elena Salgado, ocultó parte del déficit en 2011 para cumplir con la previsión del 6%.

El déficit real que recoge Eurostat y el IGAE confirma la información enviada por el Gobierno y, al mismo tiempo, demuestra que Salgado no contabilizó como gasto los más de 23.000 millones de euros que Comunidades Autónomas y ayuntamientos debían ingresar al Estado en 2011. Decisión tomada de forma intencionada para conseguir la meta del 6% del PIB. Según ambos organismos, el desequilibrio fiscal se elevó hasta los 91.344 millones de euros, es decir, el 8,5% del PIB.

El problema tiene su punto de partida en el año 2009, cuando el Gobierno de Zapatero transfirió a CCAA y ayuntamientos más de 23.000 millones de euros (2,1% del PIB), en base a unos datos erróneos sobre los ingresos fiscales que se obtendrían en ese ejercicio. Dichos ingresos extra deberían ser devueltos al Gobierno central en 2011. Sin embargo, la crisis y los problemas de liquidez que presentan casi todos los entes territoriales, se acordó retrasar esas devoluciones.

A pesar de ser un derecho de cobro, el conflicto viene dado porque las normas de contabilidad obligan a incluir esos 23.000 millones en las partidas de ingresos del Estado, mientras que CCAA y ayuntamientos deben apuntarlo como un gasto (obligaciones reconocidas). Un concepto básico que resulta difícil creer que la ministra y sus colaboradores no se dieran cuenta, si no es porque se hizo de forma consciente.

A este 2,1% habría que añadir un empeoramiento del déficit en el cuarto trimestre del 2011, lo que nos daría la divergencia del 2,5% en el déficit público del 6% previsto por Salgado para 2011 y el déficit real del 8,5%. Trampas contables y ocultación de datos para conseguir de manera irregular el déficit del 6% en 2011.

 

 

 

 

También te puede interesar

Comentarios (1)

   interino
El tema del déficit está muy bien a nivel macroeconómico pero lo que nos llega a la población es menos puestos de trabajo. Me encantan vuestros artículos.
Envía tu comentario
Nombre:  
Email:  
Mensaje: